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OSIPTEL y Ministerio Público refuerzan medidas contra la venta ilegal de líneas móviles en San Juan de Lurigancho

  • En el marco de los trabajos articulados para combatir la comercialización ilegal de chips móviles, se llevó a cabo el Taller de contratación de servicios públicos móviles.
  • Participaron representantes de los distribuidores autorizados, mercados, autoridades municipales, fiscales y policiales de San Juan de Lurigancho.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) y las Fiscalías en Prevención del Delito del Ministerio Público realizaron un taller dirigido a los distribuidores autorizados de las empresas operadoras con el objeto de fortalecer la contratación segura del servicio público móvil y prevenir delitos informáticos en San Juan de Lurigancho.

El evento se realizó en el auditorio de la Universidad Privada del Norte y congregó a alrededor de 100 participantes, entre representantes de los distribuidores autorizados, mercados, autoridades municipales, fiscales y policiales.

Durante el Taller de contratación de servicios públicos móviles, se destacó que las líneas móviles deben contratarse exclusivamente en puntos de venta autorizados y reportados al OSIPTEL, garantizando así la legalidad del servicio. Asimismo, se advirtió que existen no solo sanciones administrativas, sino también penales para quienes incumplan las reglas de contratación.

Por ejemplo, la pena por casos activación de líneas sin consentimiento es hasta de 8 años de prisión; mientras que por comercialización irregular de SIM card (chip) hasta 9 años de prisión. En el caso de la venta ambulatoria en la vía pública, la pena es hasta 4 años de prisión.

Las autoridades señalaron que la comercialización informal de líneas móviles está relacionada con delitos como extorsión, fraude y suplantación de identidad. Por eso, se vienen realizando trabajos articulados y operativos en conjunto para combatir la comercialización ilegal de chips móviles.

El OSIPTEL hizo un llamado a los representantes de los distribuidores autorizados y a los ciudadanos a cumplir con la normativa. Además, se reiteró que validar la identidad del vendedor y el solicitante del servicio no solo es una obligación legal, sino una acción clave para reforzar la seguridad ciudadana.

Lima, 19 de junio de 2026
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales
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